TÍTULOS MINEROS AUMENTARON 1.089% – Colombia

Por: José Rivera Vila

LATAM

Entre 2000 y 2010, de acuerdo con el Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente, presentado ayer por la Contraloría General, la actividad minera en Colombia tuvo un incremento de 1.089%. Mientras que en 2000 se otorgaron 105 títulos mineros (para explotar oro, carbón y minerales), en 2010 dicha cifra aumentó a 1.144. De modo que en Colombia 5’856.000 hectáreas (5,13% del territorio nacional) están disponibles para la extracción, es decir, un territorio del tamaño del Vaupés.

¿A qué se debe dicho incremento? El reporte de la Contraloría señala que esto “puede explicarse, en parte, por el incentivo a la actividad minera, resultado de los aumentos de precio de los recursos naturales, y, en parte, por la ‘confianza inversionista'”.

Para 2010, en total, la Contraloría sumó 9.230 títulos mineros otorgados. Parte de ellos, en zonas de páramo, están en manos de multinacionales. Ese mismo año hubo 6.816 solicitudes de título, concentradas sobre todo en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Sin embargo, la Contraloría advierte que las cifras no son exactas en todos los casos. El informe señala que el número total de títulos mineros en la última década (9.230) no coincide con el cálculo año a año, que arroja una cifra mayor: 10.811.

Las cifras siguen siendo imprecisas a la hora de hablar de los títulos mineros en los parques naturales nacionales y regionales. Por ejemplo, el Instituto Alexander von Humboldt muestra que hay 24 títulos mineros distribuidos en varios parques. Por su parte, Ingeominas reporta siete títulos y poco más de 2.500 hectáreas ocupadas. Sucede lo mismo con las zonas de reserva forestal.

En los páramos, puntualiza el informe, hay más de 400 títulos activos ocupando 106.000 hectáreas. Esta explotación, como observó el Ministerio de Minas y Energía en Antioquia y Cundinamarca, destruye la vegetación y el ecosistema y deteriora el paisaje y la calidad del agua.

Pese a que la legislación ambiental ha cambiado, las entidades encargadas de vigilar el impacto ambiental no tienen la suficiente presencia, dice el informe. Esto sucede a causa, sobre todo, de una asignación presupuestal muy baja, que no les permite “ejercer adecuadamente las funciones de conservación y preservación”. De modo que, concluye, “el modelo de desarrollo (del país) no es sostenible”.

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