DIAGNÓSTICO GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES – REGIÓN CUSCO ( Chumbivilcas y Espinar )

Por: José Rivera Vila

Trabajo de Investigación del  CIES-PDF al final de este Artículo ( Chumbivilva y Espinar ) y Alerta de Defensoría del Pueblo.

Alerta la Defensoría del Pueblo

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES SE INCREMENTAN

Nota de Prensa Nº124/DP/OCII/2012

Casos han pasado de 93 a 117  entre marzo 2011 a marzo 2012.

 Existen cinco casos que requieren atención inmediata ( Esta Cusco ).

La Defensoría del Pueblo informó hoy que la conflictividad socioambiental entre marzo del 2011 y marzo de 2012 se ha incrementado en el Perú de 93 casos (56.2%) a 117 (72.2%), convirtiéndose en el tipo de conflicto más frecuente y más complejo de abordar. Los departamentos de Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, registran el mayor número de conflictos de esta naturaleza. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, 63 casos socioambientales se encuentra en proceso de diálogo y se espera que la eficacia en su gestión sea cada vez mayor.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, dijo que además del fortalecimiento de la capacidad en el análisis y la organización de los procesos de diálogo, se requiere tomar medidas tendientes a avanzar en temas como la gestión, evaluación y fiscalización ambiental, en particular la forma cómo se elaboran y aprueban los estudios de impacto ambiental. Del mismo modo, se necesita debatir y aprobar una ley marco de ordenamiento territorial y preparar al Estado para una adecuada aplicación de la ley del derecho de consulta previa.

La Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe impulsar una mayor articulación entre las entidades de la administración pública que tienen competencias legales para intervenir y generar respuestas técnicas a los problemas y las oficinas de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios. Esta coordinación debe alcanzar a los gobiernos regionales y locales, estableciendo mecanismos permanentes para analizar y atender las demandas sociales, así como para canalizar pedidos que requieran de un debate mayor a nivel del Congreso de la República o de la PCM.

También es indispensable combinar la atención en el corto plazo de los casos concretos – en base a estrategias preventivas basadas en el diálogo colaborativo- y, a la vez, avanzar en reformas que permitan modificar el contexto en el que surgen los conflictos sociales. Eso implica introducir reformas en las políticas públicas y en los marcos normativos.

Por su parte, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales, explicó que la Defensoría del Pueblo monitorea e interviene sistemáticamente en la conflictividad social, dentro del marco de sus atribuciones, desde hace ocho años y ha hecho planteamientos muy concretos respecto a los conflictos socioambientales en su Informe Extraordinario Nº 2, Los conflictos Socioambientales por actividades extractivas en el Perú, de julio de 2007; y, más recientemente, en el Informe Defensorial Nº 156, Violencia en los Conflictos Sociales.

Como resultado de su monitoreo permanente la Defensoría del Pueblo considera que se debe prestar especial atención a los siguientes conflictos socioambientales:

 1.  Comunidad Nativa Kakinte: Los pobladores del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, señalan que debido al plan de ampliación de la empresa REPSOL en el lote 57 y otros lotes como el 56 y 88, la frontera de gas desde el Cusco hasta el Tambo se ensancharía. Esto traería como consecuencia una posible superposición en los territorios reservados de los pueblos Machiguenga, Asháninka, las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, de la Reserva Comunal Asháninka, de la Reserva Comunal Machiguenga y la Reserva Territorial Nahua, Kugapakori, y Nanti.  

2.  Caso Chinchaycocha: Los pobladores de las comunidades campesinas San Pedro de Pari, Huayre, Cochamarca, Matacancha, San Juan de Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la provincia de Junín, y las comunidades campesinas de Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco demandan la descontaminación del lago Chinchaycocha y compensaciones por afectación a su territorio comunal e impactos ambientales generados por actividades Mineras e Hidroenergéticas.  

3.  Caso Chumbivilcas: Pobladores de los distritos de Llusco y Quiñota de la provincia de Chumbivilcas en Cusco demandan el retiro de la Empresa minera Anabi por incumplimiento de compromisos asumidos y por posibles afectaciones ambientales. El 27 de abril de 2012 en Cusco, los representantes de la PCM y del MEM, OEFA, ANA y de otras instituciones públicas, en sorpresiva conferencia de prensa anunciaron que tienen los resultados de las evaluaciones ambientales respecto del caso ANABI, pero que ante la ausencia de los alcaldes y representantes de organizaciones de Chumbivilcas no podían hacerlos públicos.  

4.   Caso Sechura: El Frente de defensa de los intereses de la bahía y provincia de Sechura-Piura (FREDIBPSE), y el Frente de las Asociaciones de maricultores artesanales de Parachique (FAMARP) rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú en la Bahía de Sechura, señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva.  

5.  Inambari: La población se opone al proyecto de construcción de la hidroeléctrica del Inambari porque generaría impactos ambientales, que sus terrenos y la carretera interoceánica serían inundados obligándolos a desplazarse de la zona. Señalan también que no se ha realizado un proceso de consulta previa.

En estos casos, como en otros, la Defensoría del Pueblo mantiene su ofrecimiento de colaboración con las demás instituciones del Estado, de modo que los problemas sean resueltos a tiempo y no se originen pérdidas de vidas humanas, afectaciones a la integridad física, la seguridad y tranquilidad de las personas.

Lima, 4 de mayo del 2012.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional Defensoría del Pueblo

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Problemática de los Conflictos Socio-Ambientales entre las Empresas Mineras y las Comunidades de su Entorno en la Región Cusco ( Chumbivilcas y Espinar )

Por :Equipo investigador CIES : Giselle Huamaní Olivo, Sandro Macassi Lavander, Telmo Rojas Alcalde, Julio Alegría Galarreta . Cusco, 13 Febrero de 2011

    • Las falencias y deficiencias en la implementación de la política estatal de promoción de la inversión privada en la minería como una de las causas medulares de los conflictos.
    • No existe un sistema regional Cusco de gestión de conflictos socio-ambientales. Lo que hay es son acciones de diversos actores institucionales de modo desarticulado, sin un ordenamiento legal coherente, que funciona sin planes orgánicos.
    • En general la acción de las entidades del ejecutivo ante los conflictos socioambientales es reactiva, tardía, centralista, no busca atacar las causas que generan los conflictos. Dicha intervención ocurre en el momento de crisis o de escalamiento avanzado del conflicto
    • Los conflictos socio-ambientales no son una cortina de humo provocada por actores políticos oportunistas y manipuladores. Si bien es cierto que estos actores pueden contribuir al conflicto, no lo provocan. Los conflictos socio-ambientales son una expresión sintomática de profundos problemas estructurales nacionales que confronta el país. Por lo tanto, para gestionar los conflictos de manera preventiva y transformarlos positivamente, debe analizarse necesariamente las causas que los originaron y actuar sobre ellas.
    • Ver informe completo del Cusco

Informe completo : Problemática de los Conflictos Socio-Ambientales entre las Empresas Mineras y las Comunidades de su Entorno en la Región Cusco ( PDF )

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