Petroperú, el retorno

Empresa estatal será socia de privados en 36 lotes de hidrocarburos

Perúpetro lanzará en las próximas semanas la licitación de 36 lotes de hidrocarburos en los que el Estado peruano, a través de Petroperú, será socio estratégico. En cada uno de los emprendimientos, la otra empresa del área, Petroperú, tendrá una participación en los gastos, inversiones e ingresos entre el 25% y 49% bajo una modalidad de joint venture con la empresa ganadora. En cada uno de los lotes, la empresa petrolera pública no aportará capital de riesgo en actividades de exploración, el que será asumido íntegramente por el inversionista privado.

De modo creativo, el Estado convocará a licitación señalando en las bases que uno de los factores de competencia será la participación de Petroperú. Como se sabe, la empresa petrolera estatal se dedica actualmente a la refinación, almacenamiento y comercialización de crudo y derivados y con estas decisiones ingresará nuevamente al negocio de la explotación petrolera a más de 20 años de iniciado el proceso de privatización que casi la destruye.

La privatización de sus activos, es decir sus lotes petroleros y sus filiales como Petromar, Solgás, Transoceánica, Petrolube y los grifos, así como de la Refinería La Pampilla se inició en 1991 y abarcó 15 años. Varias unidades de negocio que no debían de estar en el ámbito público fueron vendidas al capital privado; sin embargo, en ese proceso el Estado se desprendió también de unidades estratégicas relacionadas directamente con la soberanía energética, un concepto del cual el país reparó años después. Felizmente, la empresa mantuvo activos que han garantizado en los últimos años la capacidad reguladora y promotora del Estado en esta área clave.

La adjudicación de los 36 lotes permitirá aumentar nuestras reservas de hidrocarburos peruanas enfrentadas al declive de la producción petrolera. Es interesante saber que la mayoría de los lotes pasarán por los procedimientos de consulta previa a excepción de los 7 ubicados en la costa peruana. Este proceso permitirá poner a prueba una norma aprobada en los inicios del gobierno del Presidente Humala, en un momento en el que desde algunos sectores privados se suscitan cuestionamientos a su utilidad. Según las normas ahora vigentes, la consulta a las comunidades se realizará luego de adjudicada la buena pro y antes de la suscripción de los contratos.

En este esquema, los recursos del Estado no serán puestos en riesgo. Petroperú ingresará como socio y será la empresa privada la encargada de la labores de explotación, y solo en el supuesto de que las exploraciones fueran de resultados positivos la empresa pagará la parte que le corresponde con el producto de las utilidades que se obtengan de la explotación. A cambio, el Estado ampliará su capacidad de incidir en la formación de precios sin violar las reglas del mercado con medidas controlistas y, al mismo tiempo, mejorará la presencia pública en un área crucial para el desarrollo.

A pesar de algunos reparos esta medida es moderna y saludable. El Estado se encuentra de vuelta tanto del estatismo que lo llevó a realizar una actividad empresarial nociva para los derechos ciudadanos a la propiedad y a la iniciativa privada, como de la ilusión neoliberal que privó al Estado de instrumentos y mecanismos que garanticen el equilibrio en el mercado

Fuente: Editorial Diario la Republica -Perú- 18 de septiembre de 2012

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