Conflictos sociales ponen en peligro proyectos mineros por US$9.641mn solo en Cajamarca, sostiene SNMPE

Publicado por : Karen Susan Zuñiga Abanto

Los conflictos sociales han puesto en peligro la continuidad de operaciones y proyectos mineros que implican una inversión de 9,641 millones de dólares en la región Cajamarca en los próximos diez años, afirmó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, señaló que los opositores a la minería formal y responsable han creado un mito en torno al uso del agua por parte de la minería, actividad productiva que apenas utiliza el dos por ciento del agua disponible en el territorio nacional.

Asimismo, señaló que quienes promovieron la paralización de proyectos como Tía María, Santa Ana y Quellaveco, así como la ampliación de la planta Concentradora de Southern en Toquepala, son los mismos que ahora están en Cajamarca con el objetivo de frustrar el proyecto Conga y las actividades productivas de Minera Yanacocha.

Consideró que el Estado peruano no debe permitir que se paralice el proyecto minero Conga, que significa la inversión privada más importante de la historia de Perú, pues se estima que superará los 4,800 millones de dólares.

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Humala: primer conflicto social -Minas Conga, un proyecto de 4.800 millones de dólares considerado clave en la industria minera peruana

Publicado: José Rivera Vila

Ollanta Humala ve cómo sectores de la población que lo apoyaron en las elecciones ahora protestan por su apoyo a un gigantesco proyecto minero.

Ollanta Humala ha tenido unos primeros 100 días bastante tranquilos. Sin embargo, este 24 de noviembre ha sufrido lo que ha sido seguramente su primer problema serio.

En las últimas semanas, el tema más recurrente en los medios de comunicación ha sido el de Minas Conga, un proyecto de 4.800 millones de dólares (3.596 millones de euros), considerado clave en la industria minera peruana. La semana pasada, Humala aclaró que Perú requiere del proyecto para su desarrollo económico y social, pero con cambios en su ejecución que garanticen el respeto al Medio Ambiente y eviten conflictos sociales. Sin embargo, esta puntualización no ha sido tomada en cuenta por parte de la población de Cajamarca, departamento al norte del Perú donde estará esta mina. Muchos de ellos viven de la agricultura y la ganadería y temen que el proyecto reduzca sus fuentes de agua.

Este jueves, cientos de habitantes protestaron contra este millonario proyecto minero, desafiando la posición del Gobierno de Ollanta Humala y obligando a la compañía estadounidense Newmont a suspender labores en su campamento. Otro punto de concentración de la protesta ha sido la provincia de Celendín, donde se encuentra el proyecto Conga y hacia la cual se trasladó un contingente de la Policía para prestar resguardo a las instalaciones y maquinarias de la empresa extractora de oro.
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Las Motivaciones Políticas de la Fiscalización Ambiental en la actividad Minera

Por: Karen Susan Zuñiga Abanto

El estado Peruano ha ratificado su compromiso de promoción de la actividad privada, según propias declaraciones de Presidente de la Republica, Ollanta Humala, tras los conflictos suscitados en el Proyecto Minero Conga – Cajamarca.  

Ahora le corresponde al gobierno también mantener un firme compromiso en temas de Fiscalización Ambiental, reforzando operativamente y  presupuestalmente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ,dependencia del Ministerio del Ambiente, que a través de la Ley N˚ 29325 transfiere funciones y competencias de fiscalización y sancionadora que eran funciones exclusivas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  (OSINERMIG) autoridad que de forma eficaz y de acuerdo a ley se encontraba desempeñando dichas funciones.

Pareciera que estas posiciones por un lado de promoción a la inversión privada y por el otro la protección ambiental, sean ideas contrapuestas. En efecto, en una lógica medianamente razonable se podría presumir cierto pero no lo es, el fundamento es sin duda el desarrollo sostenible como país.

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Crafting Domestic Environmental Law Mechanisms for Addressing the Environmental Impacts of Development on Indigenous Peoples

 Crafting Domestic Environmental Law Mechanisms for Addressing the Environmental Impacts of Development on Indigenous Peoples

 The North American Experience

James M. Grijalva

Professor of Law
University of North Dakota School of Law, USA

IABA XLVIth CONFERENCE
A Legal View on the Global Economy and the
Repercussions on Regional Economies

Inter-American Bar Association
Rio de Janeiro, Brazil
June 18, 2010

I. Introduction

Greetings everyone. I am pleased to be here with you today. I wish to first offer my thanks to the organizers of this Annual Meeting, and particularly to Leonardo Palhares for kindly inviting me to appear here today.

Over the last twenty years I have been a private attorney and a full-time law professor in the United States. The primary focus of my professional work has been on the application of domestic environmental law to the territories of American Indian tribes. My work has put particular emphasis on governmental roles Indian tribes can assume to regulate or otherwise influence industrial activities that pollute or degrade the natural environment.

In 2009, I expanded my study to Canadian law. The United States Council for the International Exchange of Scholars granted me a Senior Fulbright Scholar award for a research visit to the University of Alberta in Canada, where I studied domestic legal mechanisms available to Canadian First Nations for protecting their peoples and territories from the environmental impacts of natural resource development. I am currently in the process of conducting a comparative analysis of the U.S. and Canadian systems.

Today, I will speak briefly on those approaches, and conclude with some thoughts on how they might offer insight into addressing some of the indigenous issues facing Central and South American states.

II. United States Law – Treating Tribes Like State Governments

Understanding the U.S. approach requires some familiarity with modern environmental law in the United States, which began in the 1970s. The modern paradigm is referred to as cooperative federalism, which relies on partnerships between the federal government and individual state governments, where states implement federally prescribed programs under federal supervision. These federal-state partnerships help balance states’ inherent governmental powers to regulate for the welfare of their people,
with the federal government’s constitutional power over issues of national concern.
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Freeport afirma que huelga de peruana en Mina Cerro Verde está a punto de finalizar

Publicado por: José Rivera Vila

El presidente de Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson, dijo este jueves que la huelga de seis semanas en su unidad peruana Cerro Verde está “muy cerca” de su fin.

Los trabajadores de Cerro Verde paralizaron sus trabajos el 29 de septiembre en demanda de mejores salarios, por lo que la mina viene operando a las dos terceras partes de su capacidad diaria normal, solo con el personal que se ofreció a trabajar en condiciones de huelga.

De otro lado, Adkerson dijo que otra huelga, que afecta a la enorme mina Grasberg de Freeport en Indonesia, impactará en los resultados financieros de la compañía en el cuarto trimestre.

No obstante, Adkerson refirió que era muy pronto para referir si los resultados financieros del primer trimestre del 2012 se verían afectados si no se alcanza pronto un acuerdo en Grasberg.
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Alcalde de Andahuaylas dice que habrá “muchos problemas” si en 15 días no tienen decreto

Oscar Rojas Palomino espera que se respete plazo que se dio al Ejecutivo en el acta firmada por los ministros para erradicar toda actividad minera

El alcalde de Andahuaylas, Óscar Rojas Palomino, señaló que espera que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos logrados, según los cuales en 15 días este debe gestionar un decreto supremo que erradicará toda actividad minera en las provincias de Chincheros y Andahuaylas.

“El premier ha ratificado los acuerdos y se comprometió que en 15 días sacaría ese decreto supremo erradicando toda actividad minera”, señaló en Radio Programas.

Al ser consultado sobre lo que ocurriría si es que en ese tiempo no se consigue el decreto, Rojas Palomino afirmó: “Ahí sí vamos a tener muchos problemas”.

“Tuvimos una paralización que ha causado grandes pérdidas, pero la junta de usuarios (del Distrito de Riego de Andahuaylas) se va a mantener vigilante, lo menos que queremos es que se generen más problemas”, agregó.

Fuente: Diario El Comercio

Descartan que haya concesiones mineras con permiso para explorar o explotar en Andahuaylas y Chincheros

Publicado por: José Rivera Vila

El ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, descartó hoy que en Andahuaylas y Chincheros, haya alguna concesión minera que tenga autorización para explorar o explotar en esas dos provincias de la región Apurímac.
Explicó que “la concesión no da propiedad a la tierra” y que “si la población no desea estas concesiones no podrán dar lugar ni a exploración ni a explotación; para estas actividades se debe obtener autorizaciones locales, estudios de impacto ambiental y autorización de los comuneros”.

“En la práctica no existe operación minera legal en esas provincias”, y de existir actividad minera sería ilegal y debe ser cerrada, sentenció el titular de Agricultura.

La Junta de Usuarios de Riego de Andahuaylas (Judra) y Chincheros demandó el cese de la actividad minera en ambas provincias, además del retiro de la planta minera de Huaraccopata y la mina de Carmela de Tocctopata.

Estos pedidos figuran en el acta suscrita hoy por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, en el marco de una mesa de diálogo instalada el jueves en Andahuaylas para dar solución al conflicto en la zona.

Caillaux dijo que se hará las coordinaciones del caso con el Gobierno Regional de Apurímac para efectuar el cierre de actividades de la planta minera antes mencionada.

“El material que procesa esta planta podría ser que venga de otra provincia; por lo tanto, no habría razón legal para cerrarla. Aparentemente no es así y se trataría de material de minería ilegal de alguna de estas dos provincias, por lo que habría toda la justificación para quitarle la licencia y cerrar la planta”, explicó.

El vicepresidente regional de Apurímac, Efraín Ambía Vivanco, por su parte, puntualizó que en Andahuaylas existen concesiones a nivel de la gran minería y en la pequeña minería muy poco, pero que no estarían en condición de exploración ni explotación.

En el caso de Chincheros, detalló que también hay concesiones en relación a la gran y pequeña minería, pero en menor proporción en comparación con Andahuaylas.

“En ninguno de los casos las empresas tienen autorización para realizar exploración ni explotación”, aseveró.

Ambía Vivanco señaló que en relación a la planta procesadora de minerales de Huaraccopata, la anterior gestión regional la autorizó a operar.

“En el caso de la minera Carmela, ubicada en el distrito de Pacucha, no tiene autorización para explotar ni explorar. Incluso, instaló una planta procesadora de minerales sin autorización, motivo por el cual el gobierno regional paralizó sus actividades”, informó.
 
Fuente: Andina
Fecha: 11/11/2011

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