PUCP | PuntoEdu :: Informe: Minería y conflictos sociales – Publicaciones

Los conflictos sociales mineros: ¿Quién gana?, ¿Quién Pierde?

Por Luis Pareja Sedano

Experto en gestión y en RSC, negociación y resolución de conflictos, SIG y Relaciones Comunitarias.

La Defensoría del Pueblo, entidad pública, define los conflictos sociales de la siguiente manera:
“El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos”.
En materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo, entidad pública, despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución.
dialogoAsimismo, desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones periódicas mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus controversias[1]

Ahora, si definimos un conflicto social minero, este hace referencia a aquella situación en que se enfrentan – no necesariamente de manera violenta – una empresa minera con un determinado grupo social (generalmente comunidades campesinas), por causas diversas que pueden presentarse como disputas de carácter laboral, diferencias respecto al aprovechamiento de determinados recursos naturales (como agua y tierra) y con mayor frecuencia grandes temores respecto a la posible contaminación ambiental que pueda generar la actividad[2].

Por esta razón no existe una sola definición sobre los conflictos sociales mineros, su configuración resulta en algunos casos muy compleja, conformándose casi siempre por varias motivaciones a la vez. El conflicto puede originarse por la contaminación del río con relaves y a su vez ser un reclamo por mayor trabajo, también se presentan problemas ante la falta de cumplimiento de compromisos como la construcción de infraestructura para la comunidad.
Aunque no se puede dejar de señalar que se presentan conflictos por diferencias y exigencias claramente marcadas y opuestas, las cuales desde cada punto de vista mantienen su coherencia. Por otra parte, el análisis de las diferencias entre los actores exige una observación detallada y amplia pues ello permite incorporar el mayor número de variables del contexto que finalmente facilitan la compresión del fenómeno social. Es decir, si bien resulta fácil reconocer la presencia de conflictos entre empresas mineras y comunidades del entorno, es más complicado diferenciar entre las distintas características que presenta cada conflicto, las variantes en lo que respecta a actores, contexto, tipo de proyecto, etc.

Desde el punto de vista temporal, los conflictos sociales mineros no constituyen procesos sociales estáticos que sean aplicables a un determinado periodo de tiempo. Ello por que las causas o motivaciones que los generan pueden ser indeterminadas, latentes o progresivas. Esto es, los conflictos aparecen al acumularse una serie de condiciones que generan la protesta (obviamente, siempre y cuando existan capacidades para protestar); una zona muy conflictiva hace 10 o 15 años puede que ya no lo sea ahora, quizás porque la empresa minera que explota en la zona consensuó una solución favorable para todos los actores, o porque simplemente la actividad ya cesó. Pero puede suceder también y de hecho han ocurrido conflictos en zonas donde luego de pequeñas resistencias a proyectos mineros, estos finalmente fueron incorporados y aceptados como parte de la nueva dinámica económica y social de la población; sin embargo, ante noticias de un nuevo proyecto minero o la ampliación del aceptado socialmente se generen nuevamente una serie de enfrentamientos y hechos de violencia que impidan nuevas operaciones en la misma localidad (Ejm: Cerro Quilish en el 2004 y Conga en el 2012 – Cajamarca).

Los conflictos sociales mineros siempre han estado presentes durante toda nuestra historia, ya sea por ser el Perú un país minero a la fuerza o por el hecho de estar la minería siempre vinculada a una serie de expectativas sociales.

Entonces ¿Quién gana?, ¿Quién Pierde? con un conflicto de estas características. La respuesta viene por consecuencia directa: “Ganamos todos y perdemos todos”. Ganamos cuando hay un entendimiento entre la empresa y la comunidad, y el Estado cumple su rol fiscalizador y regulador con la actividad minera. Perdemos cuando la empresa no desarrollo la inversión minera, y esa inversión se pierde o migra a otro país, cuando el Estado es pasivo y no protege los intereses del país, o cuando la misma comunidad deja de desarrollar experiencias alternativas para su desarrollo sostenible.

[1] Ver: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

[2] REMY SIMATOVIC, María Isabel. Poca participación y muchos conflictos. En: Perú Hoy Nº 13. DESCO. Lima, Julio 2008.

Áncash y Puno concentran mayoría de conflictos sociales – Agosto

En total hay 243 problemas, según informe de la Defensoría del Pueblo. Son 100 las empresas que se encuentran involucradas  en algún tipo de conflicto, una más que el mes pasado. ( Diario Gestión)

De ellos, 86 se encuentran en proceso de diálogo. ( Defensoría del Pueblo )

  • En agosto se registró un total de 243 conflictos sociales: 167 activos y 76 latentes.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 102, correspondiente al mes de agosto del 2012, en el cual se registra un total de 243 conflictos sociales. De ellos, 167 se mantienen activos (68.7%), en tanto que 76 se encuentran en estado latente (31.3%). Las regiones con el mayor número de conflictos sociales son Áncash (33) y Puno (22).

Cabe señalar que los conflictos socioambientales, durante el mes de agosto, constituyeron el mayor número de los conflictos registrados: el 60,9% del total (148 casos).
Además, la competencia principal en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional en 160 casos (65,8%). Los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables de la atención de 47 casos (19,3%). Por su parte, los Gobiernos Locales (provinciales o distritales) son los llamados a dar solución a 26 casos (10,7%).
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Fideicomiso social, una solución a los conflictos sociales

Karen Zuñiga Abanto
El futuro de la Minería en el Perú se encuentra en riesgo,  el descontento de la población ha desatado una ola de crecientes conflictos sociales que amenazan la viabilidad de este sector importante de nuestro país que ha dinamizado la economía nacional.

En los últimos diez años, dicho sector ha venido creciendo de manera sostenida, recibiendo importantes flujos de inversión, más de US$ 51,000 millones  de inversión proyectados entre los años 2012 y 2018 se encuentran en riesgo; la respuesta de las empresas mineras para dar solución a estos conflictos es insuficiente e inadecuada, adoptando  un comportamiento condescendiente que únicamente  refuerzan la relación Donante-Receptor,  cayendo en un espiral sin solución.

La actividad minera debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo sostenible del país antes que una amenaza. Frente a esto el fideicomiso social, se convierte en una actuación del Estado en un acercamiento con las comunidades campesinas,  aplicándose para aquellas zonas de influencia de los proyectos mineros o hidroeléctricos otorgados.

Se trata de un trabajo  entre la  autoridad Nacional a través de Proinversion, Regional, local e inversionistas previa aprobación del Consejo Ejecutivo de los proyectos con desarrollo social en sectores como educación, salud, agrario y servicio básico como agua, luz y desagüe, que en el tiempo favorecerán a la población y garantizaran un desarrollo sostenible de la zona de influencia.

La operación se realiza mediante un Contrato de Opción de Transferencia. El modelo del  fideicomiso,  exige  que una parte del dinero que recibiría el Estado, normalmente destinado al Tesoro Público, se reservara para el desarrollo sostenible de las localidades. Existiendo tres beneficiarios del proceso.

Por una parte El estado, hará posible la sostenibilidad en la política de promoción de inversiones en el sector extractivo y la participación activa de las comunidades en el desarrollo y la ejecución de proyectos.

La comunidad, accedería ha un real empoderamiento ciudadano, con compromiso y responsabilidad así, como fondos propios para invertirlos en el desarrollo sostenible de sus comunidades con lo cual la inclusión financiera seria una realidad.

Los inversionistas, desarrollarían un modelo sostenible basado en el principio de inversión con responsabilidad ambiental y desarrollo social.

En la actualidad se han constituido Fideicomisos Sociales en los proyectos de Yuncán, Bayóvar, Las Bambas, Toromocho, Alto Chicama y La Granja, que como resultado ha logrado la satisfacción de las comunidades de las zonas de influencia.

Este fondo social, no solo asegura la prevención de conflictos socio ambientales, sino que además se da viabilidad económica, social y ambiental a los proyectos de exploración y su factibilidad.

DIAGNÓSTICO GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES – REGIÓN CUSCO ( Chumbivilcas y Espinar )

Por: José Rivera Vila

Trabajo de Investigación del  CIES-PDF al final de este Artículo ( Chumbivilva y Espinar ) y Alerta de Defensoría del Pueblo.

Alerta la Defensoría del Pueblo

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES SE INCREMENTAN

Nota de Prensa Nº124/DP/OCII/2012

Casos han pasado de 93 a 117  entre marzo 2011 a marzo 2012.

 Existen cinco casos que requieren atención inmediata ( Esta Cusco ).

La Defensoría del Pueblo informó hoy que la conflictividad socioambiental entre marzo del 2011 y marzo de 2012 se ha incrementado en el Perú de 93 casos (56.2%) a 117 (72.2%), convirtiéndose en el tipo de conflicto más frecuente y más complejo de abordar. Los departamentos de Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, registran el mayor número de conflictos de esta naturaleza. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, 63 casos socioambientales se encuentra en proceso de diálogo y se espera que la eficacia en su gestión sea cada vez mayor.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, dijo que además del fortalecimiento de la capacidad en el análisis y la organización de los procesos de diálogo, se requiere tomar medidas tendientes a avanzar en temas como la gestión, evaluación y fiscalización ambiental, en particular la forma cómo se elaboran y aprueban los estudios de impacto ambiental. Del mismo modo, se necesita debatir y aprobar una ley marco de ordenamiento territorial y preparar al Estado para una adecuada aplicación de la ley del derecho de consulta previa.

La Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe impulsar una mayor articulación entre las entidades de la administración pública que tienen competencias legales para intervenir y generar respuestas técnicas a los problemas y las oficinas de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios. Esta coordinación debe alcanzar a los gobiernos regionales y locales, estableciendo mecanismos permanentes para analizar y atender las demandas sociales, así como para canalizar pedidos que requieran de un debate mayor a nivel del Congreso de la República o de la PCM.

También es indispensable combinar la atención en el corto plazo de los casos concretos – en base a estrategias preventivas basadas en el diálogo colaborativo- y, a la vez, avanzar en reformas que permitan modificar el contexto en el que surgen los conflictos sociales. Eso implica introducir reformas en las políticas públicas y en los marcos normativos.

Por su parte, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales, explicó que la Defensoría del Pueblo monitorea e interviene sistemáticamente en la conflictividad social, dentro del marco de sus atribuciones, desde hace ocho años y ha hecho planteamientos muy concretos respecto a los conflictos socioambientales en su Informe Extraordinario Nº 2, Los conflictos Socioambientales por actividades extractivas en el Perú, de julio de 2007; y, más recientemente, en el Informe Defensorial Nº 156, Violencia en los Conflictos Sociales.

Como resultado de su monitoreo permanente la Defensoría del Pueblo considera que se debe prestar especial atención a los siguientes conflictos socioambientales:

 1.  Comunidad Nativa Kakinte: Los pobladores del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, señalan que debido al plan de ampliación de la empresa REPSOL en el lote 57 y otros lotes como el 56 y 88, la frontera de gas desde el Cusco hasta el Tambo se ensancharía. Esto traería como consecuencia una posible superposición en los territorios reservados de los pueblos Machiguenga, Asháninka, las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, de la Reserva Comunal Asháninka, de la Reserva Comunal Machiguenga y la Reserva Territorial Nahua, Kugapakori, y Nanti.  

2.  Caso Chinchaycocha: Los pobladores de las comunidades campesinas San Pedro de Pari, Huayre, Cochamarca, Matacancha, San Juan de Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la provincia de Junín, y las comunidades campesinas de Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco demandan la descontaminación del lago Chinchaycocha y compensaciones por afectación a su territorio comunal e impactos ambientales generados por actividades Mineras e Hidroenergéticas.  

3.  Caso Chumbivilcas: Pobladores de los distritos de Llusco y Quiñota de la provincia de Chumbivilcas en Cusco demandan el retiro de la Empresa minera Anabi por incumplimiento de compromisos asumidos y por posibles afectaciones ambientales. El 27 de abril de 2012 en Cusco, los representantes de la PCM y del MEM, OEFA, ANA y de otras instituciones públicas, en sorpresiva conferencia de prensa anunciaron que tienen los resultados de las evaluaciones ambientales respecto del caso ANABI, pero que ante la ausencia de los alcaldes y representantes de organizaciones de Chumbivilcas no podían hacerlos públicos.  

4.   Caso Sechura: El Frente de defensa de los intereses de la bahía y provincia de Sechura-Piura (FREDIBPSE), y el Frente de las Asociaciones de maricultores artesanales de Parachique (FAMARP) rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú en la Bahía de Sechura, señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva.  

5.  Inambari: La población se opone al proyecto de construcción de la hidroeléctrica del Inambari porque generaría impactos ambientales, que sus terrenos y la carretera interoceánica serían inundados obligándolos a desplazarse de la zona. Señalan también que no se ha realizado un proceso de consulta previa.

En estos casos, como en otros, la Defensoría del Pueblo mantiene su ofrecimiento de colaboración con las demás instituciones del Estado, de modo que los problemas sean resueltos a tiempo y no se originen pérdidas de vidas humanas, afectaciones a la integridad física, la seguridad y tranquilidad de las personas.

Lima, 4 de mayo del 2012.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional Defensoría del Pueblo

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Problemática de los Conflictos Socio-Ambientales entre las Empresas Mineras y las Comunidades de su Entorno en la Región Cusco ( Chumbivilcas y Espinar )

Por :Equipo investigador CIES : Giselle Huamaní Olivo, Sandro Macassi Lavander, Telmo Rojas Alcalde, Julio Alegría Galarreta . Cusco, 13 Febrero de 2011

    • Las falencias y deficiencias en la implementación de la política estatal de promoción de la inversión privada en la minería como una de las causas medulares de los conflictos.
    • No existe un sistema regional Cusco de gestión de conflictos socio-ambientales. Lo que hay es son acciones de diversos actores institucionales de modo desarticulado, sin un ordenamiento legal coherente, que funciona sin planes orgánicos.
    • En general la acción de las entidades del ejecutivo ante los conflictos socioambientales es reactiva, tardía, centralista, no busca atacar las causas que generan los conflictos. Dicha intervención ocurre en el momento de crisis o de escalamiento avanzado del conflicto
    • Los conflictos socio-ambientales no son una cortina de humo provocada por actores políticos oportunistas y manipuladores. Si bien es cierto que estos actores pueden contribuir al conflicto, no lo provocan. Los conflictos socio-ambientales son una expresión sintomática de profundos problemas estructurales nacionales que confronta el país. Por lo tanto, para gestionar los conflictos de manera preventiva y transformarlos positivamente, debe analizarse necesariamente las causas que los originaron y actuar sobre ellas.
    • Ver informe completo del Cusco

Informe completo : Problemática de los Conflictos Socio-Ambientales entre las Empresas Mineras y las Comunidades de su Entorno en la Región Cusco ( PDF )

Fideicomiso social, una solución a los conflictos sociales

Por: Karen Zuñiga Abanto

El futuro de la Minería en el Perú se encuentra en riesgo,  el descontento de la población ha desatado una ola de crecientes conflictos sociales que amenazan la viabilidad de este sector importante de nuestro país que ha dinamizado la economía nacional.

En los últimos diez años, dicho sector ha venido creciendo de manera sostenida, recibiendo importantes flujos de inversión, más de US$ 51,000 millones  de inversión proyectados entre los años 2012 y 2018 se encuentran en riesgo; la respuesta de las empresas mineras para dar solución a estos conflictos es insuficiente e inadecuada, adoptando  un comportamiento condescendiente que únicamente  refuerzan la relación Donante-Receptor,  cayendo en un espiral sin solución.

La actividad minera debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo sostenible del país antes que una amenaza. Frente a esto el fideicomiso social, se convierte en una actuación del Estado en un acercamiento con las comunidades campesinas,  aplicándose para aquellas zonas de influencia de los proyectos mineros o hidroeléctricos otorgados.

Se trata de un trabajo  entre la  autoridad Nacional a través de Proinversion, Regional, local e inversionistas previa aprobación del Consejo Ejecutivo de los proyectos con desarrollo social en sectores como educación, salud, agrario y servicio básico como agua, luz y desagüe, que en el tiempo favorecerán a la población y garantizaran un desarrollo sostenible de la zona de influencia.
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Fideicomiso social, una solución a los conflictos sociales

Por: Karen Zuñiga Abanto

El futuro de la Minería en el Perú se encuentra en riesgo,  el descontento de la población ha desatado una ola de crecientes conflictos sociales que amenazan la viabilidad de este sector importante de nuestro país que ha dinamizado la economía nacional.

En los últimos diez años, dicho sector ha venido creciendo de manera sostenida, recibiendo importantes flujos de inversión, más de US$ 51,000 millones  de inversión proyectados entre los años 2012 y 2018 se encuentran en riesgo; la respuesta de las empresas mineras para dar solución a estos conflictos es insuficiente e inadecuada, adoptando  un comportamiento condescendiente que únicamente  refuerzan la relación Donante-Receptor,  cayendo en un espiral sin solución.

La actividad minera debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo sostenible del país antes que una amenaza. Frente a esto el fideicomiso social, se convierte en una actuación del Estado en un acercamiento con las comunidades campesinas,  aplicándose para aquellas zonas de influencia de los proyectos mineros o hidroeléctricos otorgados.

Se trata de un trabajo  entre la  autoridad Nacional a través de Proinversion, Regional, local e inversionistas previa aprobación del Consejo Ejecutivo de los proyectos con desarrollo social en sectores como educación, salud, agrario y servicio básico como agua, luz y desagüe, que en el tiempo favorecerán a la población y garantizaran un desarrollo sostenible de la zona de influencia.

La operación se realiza mediante un Contrato de Opción de Transferencia. El modelo del  fideicomiso,  exige  que una parte del dinero que recibiría el Estado, normalmente destinado al Tesoro Público, se reservara para el desarrollo sostenible de las localidades. Existiendo tres beneficiarios del proceso.

Por una parte El estado, hará posible la sostenibilidad en la política de promoción de inversiones en el sector extractivo y la participación activa de las comunidades en el desarrollo y la ejecución de proyectos.

La comunidad, accedería ha un real empoderamiento ciudadano, con compromiso y responsabilidad así, como fondos propios para invertirlos en el desarrollo sostenible de sus comunidades con lo cual la inclusión financiera seria una realidad.

Los inversionistas, desarrollarían un modelo sostenible basado en el principio de inversión con responsabilidad ambiental y desarrollo social.

En la actualidad se han constituido Fideicomisos Sociales en los proyectos de Yuncán, Bayóvar, Las Bambas, Toromocho, Alto Chicama y La Granja, que como resultado ha logrado la satisfacción de las comunidades de las zonas de influencia.

Este fondo social, no solo asegura la prevención de conflictos socio ambientales, sino que además se da viabilidad económica, social y ambiental a los proyectos de exploración y su factibilidad.

Freeport afirma que huelga de peruana en Mina Cerro Verde está a punto de finalizar

Publicado por: José Rivera Vila

El presidente de Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson, dijo este jueves que la huelga de seis semanas en su unidad peruana Cerro Verde está “muy cerca” de su fin.

Los trabajadores de Cerro Verde paralizaron sus trabajos el 29 de septiembre en demanda de mejores salarios, por lo que la mina viene operando a las dos terceras partes de su capacidad diaria normal, solo con el personal que se ofreció a trabajar en condiciones de huelga.

De otro lado, Adkerson dijo que otra huelga, que afecta a la enorme mina Grasberg de Freeport en Indonesia, impactará en los resultados financieros de la compañía en el cuarto trimestre.

No obstante, Adkerson refirió que era muy pronto para referir si los resultados financieros del primer trimestre del 2012 se verían afectados si no se alcanza pronto un acuerdo en Grasberg.
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Alcalde de Andahuaylas dice que habrá “muchos problemas” si en 15 días no tienen decreto

Oscar Rojas Palomino espera que se respete plazo que se dio al Ejecutivo en el acta firmada por los ministros para erradicar toda actividad minera

El alcalde de Andahuaylas, Óscar Rojas Palomino, señaló que espera que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos logrados, según los cuales en 15 días este debe gestionar un decreto supremo que erradicará toda actividad minera en las provincias de Chincheros y Andahuaylas.

“El premier ha ratificado los acuerdos y se comprometió que en 15 días sacaría ese decreto supremo erradicando toda actividad minera”, señaló en Radio Programas.

Al ser consultado sobre lo que ocurriría si es que en ese tiempo no se consigue el decreto, Rojas Palomino afirmó: “Ahí sí vamos a tener muchos problemas”.

“Tuvimos una paralización que ha causado grandes pérdidas, pero la junta de usuarios (del Distrito de Riego de Andahuaylas) se va a mantener vigilante, lo menos que queremos es que se generen más problemas”, agregó.

Fuente: Diario El Comercio

Descartan que haya concesiones mineras con permiso para explorar o explotar en Andahuaylas y Chincheros

Publicado por: José Rivera Vila

El ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, descartó hoy que en Andahuaylas y Chincheros, haya alguna concesión minera que tenga autorización para explorar o explotar en esas dos provincias de la región Apurímac.
Explicó que “la concesión no da propiedad a la tierra” y que “si la población no desea estas concesiones no podrán dar lugar ni a exploración ni a explotación; para estas actividades se debe obtener autorizaciones locales, estudios de impacto ambiental y autorización de los comuneros”.

“En la práctica no existe operación minera legal en esas provincias”, y de existir actividad minera sería ilegal y debe ser cerrada, sentenció el titular de Agricultura.

La Junta de Usuarios de Riego de Andahuaylas (Judra) y Chincheros demandó el cese de la actividad minera en ambas provincias, además del retiro de la planta minera de Huaraccopata y la mina de Carmela de Tocctopata.

Estos pedidos figuran en el acta suscrita hoy por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, en el marco de una mesa de diálogo instalada el jueves en Andahuaylas para dar solución al conflicto en la zona.

Caillaux dijo que se hará las coordinaciones del caso con el Gobierno Regional de Apurímac para efectuar el cierre de actividades de la planta minera antes mencionada.

“El material que procesa esta planta podría ser que venga de otra provincia; por lo tanto, no habría razón legal para cerrarla. Aparentemente no es así y se trataría de material de minería ilegal de alguna de estas dos provincias, por lo que habría toda la justificación para quitarle la licencia y cerrar la planta”, explicó.

El vicepresidente regional de Apurímac, Efraín Ambía Vivanco, por su parte, puntualizó que en Andahuaylas existen concesiones a nivel de la gran minería y en la pequeña minería muy poco, pero que no estarían en condición de exploración ni explotación.

En el caso de Chincheros, detalló que también hay concesiones en relación a la gran y pequeña minería, pero en menor proporción en comparación con Andahuaylas.

“En ninguno de los casos las empresas tienen autorización para realizar exploración ni explotación”, aseveró.

Ambía Vivanco señaló que en relación a la planta procesadora de minerales de Huaraccopata, la anterior gestión regional la autorizó a operar.

“En el caso de la minera Carmela, ubicada en el distrito de Pacucha, no tiene autorización para explotar ni explorar. Incluso, instaló una planta procesadora de minerales sin autorización, motivo por el cual el gobierno regional paralizó sus actividades”, informó.
 
Fuente: Andina
Fecha: 11/11/2011

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